Solicitar la incapacidad permanente ya era complicado. Ahora, a partir del tasazo judicial, será además desproporcionadamente caro, hasta tal punto que muchas personas que se vean en la obligación de recurrir a la vía judicial, tanto a la hora de solicitar la incapacidad permanente como si se trata de determinar el grado de la incapacidad. Lo cierto es que esto es una grave injusticia desde diversos puntos de vista. A continuación veremos por qué razones las tasas judiciales constituyen una injusticia. Antes de empezar, no obstante, merece la pena señalar que nos vamos a dedicar exclusivamente a decir por qué son una injusticia cuando se trata de solicitar la incapacidad permanente, pues en realidad las tasas judiciales son una injusticia para todos los ámbitos jurídicos.

La primera razón que hacen de las tasas judiciales una medida injusta consiste en el hecho de que desiguala a la ciudadanía por lo que refiere a la justicia. En efecto, en el caso concreto de solicitar una incapacidad permanente por la vía judicial, nos encontraremos que habrá personas a las que esto les suponga una gran carga pudiendo llegar a abstenerse de hacerlo. Si además de esto contamos con la posibilidad de tener que recurrir a un Alto Tribunal, entonces nos encontramos con que los precios de las tasas se disparan. En este aspecto, las tasas judiciales parecen más que nada una medida disuasoria, pensada para evitar que la gente más desfavorecida lleve sus problemas jurídicos y legales a los tribunales.

En segundo lugar, las tasas judiciales suponen cobrar dos veces por lo mismo. En efecto, los servicios judiciales que nos presta la administración son pagados por el conjunto de la ciudadanía a través de los impuestos. De hecho, no son gratuitos, sino universales. Es decir, se pagan con impuestos, pero cualquiera que no pueda pagar tales impuestos tiene derecho a esos servicios igual que el que paga. Por ello, si ya se han pagado impuestos, las tasas judiciales resultan una estafa por hacernos pagar dos veces por lo mismo.

Estas son dos de las razones que hacen que las tasas judiciales sean injustas en el caso concreto de solicitar la incapacidad permanente.